Un mundo más sostenible pasa por transformar nuestros hogares. La rehabilitación de viviendas es una de las máximas prioridades para hacer frente al cambio climático, pero también es una de las puntas de lanza de Europa para animar el crecimiento de la economía. El objetivo es ambicioso: mejorar la eficiencia energética de cerca de 500.000 inmuebles en el país a partir de este año y hasta 2023. Para lograrlo hay una cantidad de recursos económicos nunca vista antes (5.800 millones de euros provenientes de los fondos europeos) y que empezarán a repartirse pronto. “Los programas que hemos preparado para canalizarlos son muy ambiciosos. No solo por la magnitud histórica de la financiación, sino por la gran trascendencia del momento económico y social que vivimos, y porque entramos en un nuevo ciclo para la construcción en España”, afirmó José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el evento Rehabilitación energética: pasos hacia una recuperación sostenible, organizado por EL PAÍS y Acciona.
La idea es que la obra a realizarse en los hogares (que son responsables del 21,1% de los gases de efecto invernadero, según el INE) traiga consigo una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30%, explicó Ábalos. Para impulsar este cambio, el Gobierno dará un máximo de 24.000 euros por piso. De esta cantidad, se podrá subvencionar hasta el 80% (19.200 euros) cuando haya mejoras energéticas importantes. Para las viviendas individuales, la subvención alcanzará el 40% de una obra de 5.000 euros (es decir, unos 2.000 euros). A esta subvención se añadiría la desgravación fiscal. “Estos porcentajes e importes se van graduando básicamente por factores ambientales y sociales. En todo caso, son magnitudes elevadas. Por lo que el plan está pensado para actuaciones integrales que produzcan mejoras globales en el rendimiento energético del edificio y no en intervenciones puntuales”, comentó el ministro.
“Debemos ser conscientes de que una parte de la financiación corre por cuenta de los beneficiarios”, subrayó Ábalos. “Nos preocupa que esto no constituya una barrera para que se realicen las obras o que deriven los fondos desproporcionadamente hacia familias o barrios con mayor capacidad financiera”, argumentó el representante del Gobierno. Para evitar esta situación, en algunos casos la subvención podrá incrementarse hasta el 100% de la inversión, teniendo en cuenta criterios eminentemente sociales tanto para las actuaciones a nivel de edificio como de barrio, dijo. El reto que tiene por delante el Gobierno es mayúsculo y requiere la colaboración de distintas organizaciones públicas y privadas. “Estamos trabajando en acuerdos con las entidades bancarias, en fórmulas para que aporten la financiación inicial y que puedan recuperarla mediante los ahorros energéticos producidos [por los usuarios de las viviendas]. Por nuestra parte vamos a facilitar esta financiación con contratos modelo y en algunos casos avales”, agregó.
La meta es que el número de rehabilitaciones anuales pase de las 30.000 a las 150.000. Conseguir dicho objetivo requerirá de una fórmula especial para que los recursos de los fondos europeos pasen de forma rápida y sencilla desde Bruselas hasta los ayuntamientos y las empresas que conocen la realidad a pie de calle de los barrios, coincidieron los tres expertos que participaron en una mesa redonda durante el encuentro. “Nuestro caballo de batalla son los recursos”, dijo Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). “Que lleguen [los fondos] a los ayuntamientos para que nos pongamos a trabajar. Lo que queremos es que se agilice. Estamos dispuestos a llevar a cabo la inversión que el Estado plantea. Si se entremezclan debates políticos y cuestiones administrativas no irá bien”, afirmó.
“Lo que no podemos hacer es decir que por una carretera pueden pasar 100 coches y ahora queremos que pasen 200.000 porque eso físicamente es imposible”, ejemplificó Elena González Sánchez, directora de Servicios Energéticos en Acciona. Para meter el acelerador lo necesario, dijo la experta, son medidas de agregación de la demanda. Es decir, agrupar las rehabilitaciones para que no sean los propios vecinos quienes se encarguen de gestionar las ayudas de forma individual. “Hay que informar al cliente final de qué es lo que va a suponer para él esa rehabilitación energética… pero no trasladarle el problema, porque es como si yo voy al médico, me informan y además luego yo tengo que decidir cómo me opero”, señaló. “Eso no es práctico, no funciona, para eso están las empresas especializadas”, mencionó.
Por su parte, Luis Cabrera, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE), explicó que los ciudadanos están digiriendo de forma correcta el propósito de las reformas en las viviendas, porque saben que eso va a incrementar el valor del inmueble. “Con un ascensor la vivienda vale más”. El meollo del asunto está en la disponibilidad de los fondos. “Los procedimientos tienen que cambiar y se tienen que agilizar mucho, porque si no es imposible que ejecutemos esa cantidad ingente de recursos”. El riesgo está en desaprovechar el momento. “No podemos desperdiciar ningún recurso de los que hemos conseguido”, dijo durante su intervención el ministro Ábalos. “Vamos a primar en las evaluaciones la mejora en los procedimientos de concesión de licencias y de modificación del planeamiento, junto con la calidad técnica, la madurez de la actuación, su carácter integral y la mejora de la sostenibilidad”, advirtió. Pero también aseguró: “No podemos tener remanentes sin utilizar. Porque los requisitos no se pueden flexibilizar. Son requerimientos del propio plan a consecuencia de lo que se nos exige Europa”.
Fotos: Santi Burgos/EL PAÍS.
