El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abierto el pasado 22 de enero, el proceso de consulta pública previa al proyecto de Real Decreto por el que se establecerá un mecanismo para acreditar que las empresas incluidas en el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética han cumplido con parte de las obligaciones derivadas del mismo. La futura norma contribuirá a cumplir con los objetivos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que marca la senda de reducción de emisiones en la presente década y que espera alcanzar un 39,5% de mejora de la eficiencia energética en 2030.
Uno de los principios fundamentales del camino hacia la descarbonización que establece el PNIEC es el de “primero, la eficiencia energética”. El mencionado objetivo del 39,5% implicará una reducción del consumo de energía primaria equivalente a una mejora de la intensidad energética primaria –esto es, la energía que se necesita para generar una unidad de Producto Interior Bruto en el país– del 3,5% hasta 2030, lo que redundará de manera positiva en el conjunto de la economía española.
Para poder alcanzar estos valores, que suponen un incremento relevante respecto a los objetivos de eficiencia energética vigentes hasta el momento, es necesario activar nuevos mecanismos e instrumentos que se sumen a los actuales y faciliten su cumplimiento, entre ellos un mecanismo de certificación de ahorro energético (CAEs) para las entidades incluidas en el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética. Ya existen mecanismos similares en más de una decena de Estados miembro de la UE, aunque no existen dos iguales, dado que las partes obligadas y la cobertura sectorial son diferentes según el país.
En España, en la actualidad y de acuerdo con la normativa comunitaria, para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones anuales de ahorro energético, los sujetos obligados deben realizar una contribución financiera al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Este fondo ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en ayudas en los últimos cinco años para invertir en medidas de ahorro de energía en distintas líneas de actuación que han abarcado, entre otras, rehabilitación energética de edificios o apoyo a inversiones en eficiencia energética en el sector industrial.
